El Congreso de Colombia avanza en la tramitación de dos proyectos de ley que buscan derogar normativas vigentes. La primera, la Ley 418, se encuentra en trámite en plenarias y debe ser aprobada antes del 4 de noviembre, fecha límite para su vencimiento. La segunda, la Ley 32301, enfrenta un proyecto que propone su derogación, reduciendo multas de 500 a 50 unidades impositivas tributarias y eliminando la potestad del Registro Civil para cancelar el registro ante faltas muy graves.
El proyecto de derogación de la Ley 32301, presentado por el Buen Gobierno, busca reformar las sanciones aplicables a ciertos delitos, limitando el poder del Registro Civil para anular registros ante faltas graves. La reducción de multas a 50 UIT representa una disminución significativa, lo que podría afectar las finanzas públicas y la aplicación de la ley.
La Ley 418, por su parte, se relaciona con el sometimiento del Gobierno, lo que implica una revisión de la estructura de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. La fecha límite de noviembre marca un punto crítico en el calendario político, ya que la aprobación de estas leyes podría influir en la estabilidad institucional y en las elecciones que se avecinan.
Ambos proyectos reflejan una agenda legislativa activa en el Congreso, con implicaciones en la gestión pública y el marco legal del país. La tramitación de estas leyes antes de las elecciones sugiere una posible influencia en el resultado electoral y en la definición de políticas futuras.
