Estados Unidos ha revocado las visas a varios funcionarios de Colombia, Bolivia y Perú, acusándolos de actividades relacionadas con la corrupción y el narcotráfico. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, se basa en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite restringir el acceso a ciudadanos que "atentan contra un gobierno democráticamente elegido".
La decisión afecta a altos funcionarios y a sus familiares directos, limitando su entrada al país. Esta medida se enmarca en un contexto de tensión entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos, donde se han reportado observaciones sobre la corrupción y la impunidad en la región.
Colombia, entre otros países, ha respondido con medidas propias, como la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso, en respuesta a las presiones estadounidenses. Esta acción refuerza la tensión bilateral, aunque no se ha anunciado una respuesta directa por parte de los gobiernos afectados.
La medida también incluye a funcionarios de Ecuador, aunque no se han detallado nombres específicos. La revocación de visas se presenta como una herramienta diplomática para presionar a gobiernos considerados colaboradores de actividades ilegales.
