EE.UU. Ha anunciado la revocación de visas a varios altos funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acusados de corrupción, narcotráfico y conspiración institucional. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, afecta a jueces, fiscales, empresarios y funcionarios públicos, así como a sus familiares directos. Entre los sancionados se encuentra el fiscal general boliviano, magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales y un empresario colombiano.
La política migratoria estadounidense busca limitar el acceso a ciudadanos que, según Washington, debilitan gobiernos democráticamente elegidos. La medida se basa en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite actuar contra extranjeros que atentan contra la estabilidad política. La decisión también incluye a funcionarios peruanos y ecuatorianos, con el juez peruano Juan Carlos Núñez entre los afectados.
Las autoridades estadounidenses han señalado que estas sanciones son parte de una estrategia más amplia para combatir la corrupción y el narcotráfico en la región. La medida ha generado reacciones en los países afectados, quienes han expresado preocupación por la afectación de funcionarios legítimos. La situación sigue siendo vigente y no se ha anunciado una fecha de revisión.
