Más de 500 notarías en Colombia enfrentan el riesgo de cerrar sus oficinas debido a la falta de planeación presupuestal y retrasos en el pago de recursos por parte del Estado. Los notarios subsidiados, que operan en municipios apartados, han alertado sobre la situación crítica en la que se encuentran, ya que no reciben el financiamiento necesario para mantener el funcionamiento de sus oficinas.
El problema afecta especialmente a las zonas rurales, donde el acceso a servicios legales es más limitado. Según fuentes del sector, el retraso en la asignación de recursos ha generado una acumulación de casos pendientes y ha dificultado la atención a los ciudadanos. Los notarios piden al Gobierno medidas urgentes para garantizar la continuidad de sus funciones.
La situación se suma a una serie de problemas financieros que han afectado a instituciones públicas en el país. En los últimos meses, se han reportado retrasos en el pago de salarios y servicios básicos en varios sectores. Los notarios sostienen que la falta de planificación presupuestal ha generado una crisis de liquidez que pone en peligro la operación de sus oficinas. La falta de apoyo gubernamental ha generado preocupación entre los profesionales del sector, que temen que la situación empeore si no se toman acciones inmediatas.
